Rogelio Bolufé analiza la crisis de Haití, la banda 400 Mawozo, la intervención internacional y el papel de Bukele desde la soberanía y los derechos humanos.
HAITÍ NO ES SOLAMENTE UNA NOTICIA SOBRE PANDILLAS
El nombre de Haití vuelve a ocupar los titulares internacionales. Esta vez, el protagonismo lo comparten las organizaciones criminales que controlan territorios, la banda conocida como 400 Mawozo y la presencia de militares salvadoreños vinculados a las operaciones de seguridad.
Sin embargo, detrás de las imágenes de hombres armados, vehículos militares y declaraciones presidenciales existe una realidad que merece una reflexión mucho más profunda: la soberanía de una nación y el derecho irrenunciable de su pueblo a decidir su destino.
Haití no es un campo de batalla vacío. Es una nación con historia, dignidad, identidad y un pueblo que merece vivir en paz.
Y quiero dejar establecida mi posición desde el comienzo: soy soberanista por convicción. No apoyo, ni apoyaré bajo ninguna circunstancia, invasiones extranjeras ni la intromisión militar de terceros países en el territorio de naciones soberanas.
Ese principio no depende de quién gobierne, de la ideología dominante ni de la gravedad de una crisis interna.
La soberanía no es un privilegio que las naciones poderosas conceden a las más débiles. Es un derecho que debe respetarse universalmente.
400 MAWOZO: EL CRIMEN NO BORRA LA NACIONALIDAD
La organización 400 Mawozo, asociada a Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, ha sido vinculada con secuestros, violencia contra civiles y graves abusos de derechos humanos.
Su presencia en Croix-des-Bouquets y otras zonas refleja la profunda crisis institucional haitiana y la capacidad de los grupos armados para disputarle al Estado el control de territorios.
No justifico los secuestros, los asesinatos ni la violencia contra la población civil. Ninguna bandera puede servir para legitimar semejantes actos.
Sin embargo, quiero plantear una reflexión que algunos considerarán polémica, pero que nace de mi pensamiento soberanista.
Para mí, incluso un jefe de pandilla nacido en Haití tiene una pertenencia nacional a ese país que no posee Nayib Bukele ni ningún otro gobernante extranjero.
¿Significa eso que ese jefe criminal tiene legitimidad para gobernar Haití? Absolutamente no.
Significa que debemos distinguir entre la pertenencia a una nación y el derecho a ejercer el poder sobre ella.
Un criminal haitiano sigue siendo haitiano y debe responder ante la justicia. Un presidente extranjero sigue siendo extranjero, por muy poderoso que sea su ejército o por muy popular que resulte su imagen internacional.
Ni la nacionalidad absuelve al delincuente ni la fuerza militar concede soberanía al extranjero.
Y esta distinción resulta fundamental para comprender mi posición.
BUKELE EN HAITÍ: ¿QUIÉN LE OTORGÓ EL DERECHO DE DECIDIR EL DESTINO DE OTRO PUEBLO?
La participación de El Salvador en las operaciones internacionales de seguridad en Haití ha adquirido especial relevancia durante octubre de 2026.
El presidente Nayib Bukele anunció medidas relacionadas con la desaparición de cuatro técnicos salvadoreños en territorio haitiano, en el contexto de una misión internacional de seguridad.
No desconozco que existen mecanismos internacionales y resoluciones que respaldan determinadas operaciones de seguridad. Tampoco desconozco la responsabilidad de un gobierno de proteger a sus ciudadanos.
Pero mi posición es más profunda que una autorización administrativa o una decisión diplomática.
Yo no creo que la solución a la crisis de una nación soberana deba convertirse en una operación militar dirigida por terceros países.
¿Quién establece los objetivos? ¿Quién controla las tropas? ¿Quién responde por los daños contra civiles? ¿Cuánto tiempo permanecerán allí? ¿Y qué capacidad real tendrá el pueblo haitiano para decidir sobre esas operaciones?
Estas preguntas no desaparecen porque una misión tenga respaldo internacional.
La legalidad de un despliegue y su legitimidad política son cuestiones que merecen examinarse por separado.
Para mí, la presencia de militares extranjeros en una nación profundamente debilitada debe ser objeto de la máxima vigilancia, especialmente cuando las instituciones nacionales carecen de capacidad suficiente para ejercer un control efectivo.
Haití no puede convertirse en el escenario donde presidentes extranjeros construyan prestigio, exhiban poder militar o proyecten su liderazgo internacional.
El destino de Haití corresponde a los haitianos.
EL EJÉRCITO, LA SOBERANÍA Y EL PELIGRO DEL PODER EXTRANJERO
He sostenido que las fuerzas armadas tienen una responsabilidad fundamental con la defensa de la independencia y la soberanía de su propia nación.
Por eso cuestiono que la participación militar extranjera pueda presentarse automáticamente como la solución a los problemas internos de otro Estado.
La historia latinoamericana contiene suficientes experiencias de intervenciones extranjeras como para obligarnos a examinar cuidadosamente sus consecuencias.
Cuando una nación atraviesa una crisis institucional, su debilidad no puede convertirse en una invitación para que otros ejerzan el poder en su territorio.
Cuando un pueblo sufre violencia, ese sufrimiento no debe utilizarse como argumento para desplazar su voluntad soberana.
Y cuando un gobierno extranjero anuncia operaciones militares, tenemos el derecho de preguntarnos si su objetivo es verdaderamente proteger a la población o si también existen intereses políticos y estratégicos.
Esas preguntas no constituyen una acusación automática contra sus protagonistas. Constituyen una exigencia de transparencia.
Mi posición no depende de simpatías personales hacia Bukele ni hacia ningún dirigente haitiano. Depende de un principio que considero irrenunciable.
La soberanía de Haití no vale menos que la de El Salvador, Cuba, Estados Unidos o cualquier otra nación.
NI BUKELE NI LOS JEFES DE PANDILLAS REPRESENTAN LA VOLUNTAD DEL PUEBLO HAITIANO
Aquí está el centro de mi reflexión.
Se pretende reducir la discusión a una falsa elección: o apoyamos la intervención militar extranjera o estamos defendiendo a las pandillas.
Rechazo categóricamente esa lógica.
No apoyo a las organizaciones criminales. Tampoco apoyo que un ejército extranjero sustituya la capacidad de decisión de una nación soberana.
Un jefe de pandilla haitiano puede pertenecer a Haití por nacimiento, historia y nacionalidad, pero eso no le otorga autoridad para secuestrar, asesinar o someter a sus compatriotas.
Del mismo modo, Nayib Bukele puede dirigir legítimamente su propio país, pero su condición de presidente salvadoreño no le confiere autoridad soberana sobre Haití.
La soberanía no pertenece al delincuente que domina un barrio ni al mandatario extranjero que dispone de un ejército.
La soberanía pertenece al pueblo.
Y precisamente porque pertenece al pueblo, ninguna organización armada ni ninguna potencia externa tiene derecho a apropiársela.
LA SEGURIDAD NO PUEDE CONSTRUIRSE SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE LA SOBERANÍA
Comprendo que la población haitiana necesita protección urgente frente a la violencia de las pandillas.
Comprendo también que sus instituciones atraviesan dificultades extraordinarias.
Pero no acepto que la debilidad de un Estado sea suficiente para justificar cualquier intervención extranjera.
Ayudar humanitariamente a una nación, ofrecer asistencia técnica, facilitar recursos y contribuir a fortalecer sus instituciones es distinto de imponer soluciones mediante fuerzas militares externas.
Mi defensa de la soberanía no significa indiferencia ante las víctimas. Significa precisamente lo contrario: reconocer que esas víctimas tienen derecho a recuperar su país sin perder el control sobre su futuro.
La comunidad internacional puede contribuir a ese propósito mediante mecanismos respetuosos de la autodeterminación, la protección de civiles y el fortalecimiento institucional.
Lo que rechazo es que la intervención militar extranjera se normalice como respuesta inevitable cada vez que una nación atraviesa una crisis.
Porque si aceptamos ese principio para Haití, ¿con qué autoridad moral lo rechazaremos mañana cuando otra potencia pretenda aplicarlo a Cuba o a cualquier otro país latinoamericano?
Los principios verdaderos se defienden incluso cuando aplicarlos resulta incómodo.
EL PELIGRO DE CONVERTIR LA TRAGEDIA HAITIANA EN UN ESPECTÁCULO
Las redes sociales han convertido a algunos dirigentes de bandas criminales en personajes virales. Sus nombres, apariciones y amenazas circulan por internet mientras las víctimas quedan relegadas a un segundo plano.
Pero también debemos evitar que la respuesta internacional a esa violencia se transforme en un espectáculo político protagonizado por gobernantes extranjeros.
Haití no necesita una competencia entre la fama de un jefe de pandilla y la popularidad de un presidente extranjero.
Necesita recuperar sus instituciones, garantizar justicia y devolver seguridad a sus ciudadanos.
La fuerza puede dominar temporalmente un territorio, pero no sustituye la legitimidad.
La popularidad internacional tampoco concede derecho de gobierno sobre una nación ajena.
Y la presencia de soldados extranjeros no constituye, por sí sola, una demostración de que el pueblo haitiano haya recuperado su libertad.
Una sociedad verdaderamente libre necesita instituciones capaces de responder ante sus propios ciudadanos.
MI POSICIÓN COMO CUBANO Y SOBERANISTA
Como cubano, no puedo defender la soberanía de mi patria y guardar silencio cuando se trata de Haití.
No puedo rechazar una invasión extranjera contra Cuba y justificarla cuando el país afectado es otro.
No puedo proclamar que la patria pertenece al pueblo mientras acepto que otros Estados determinen militarmente el destino de una nación soberana.
Ser soberanista significa mantener un principio universal.
Y ese principio también exige reconocer que los pueblos tienen derecho a transformar sus instituciones, enfrentar a sus criminales y construir su futuro sin que una fuerza extranjera pretenda convertirse en dueña de sus decisiones.
No necesito simpatizar con las pandillas haitianas para rechazar la intromisión extranjera.
No necesito defender al gobierno haitiano para defender la soberanía de Haití.
Y tampoco necesito convertir a Bukele en un enemigo personal para cuestionar su participación militar en territorio ajeno.
Mi posición no es una defensa de personas. Es una defensa de principios.
REFLEXIÓN FINAL: HAITÍ PERTENECE A LOS HAITIANOS
Haití necesita seguridad, justicia, instituciones fuertes y oportunidades para su población.
Necesita que las organizaciones criminales respondan ante la ley y que sus ciudadanos puedan caminar por sus calles sin miedo.
Pero ninguna de esas necesidades elimina su derecho a la soberanía.
Incluso cuando hablo de un jefe de pandilla haitiano como alguien más vinculado nacionalmente a Haití que un presidente extranjero, no estoy defendiendo sus delitos. Estoy recordando que la pertenencia a una nación no se obtiene mediante el poder militar, la fama ni las decisiones de gobiernos ajenos.
Un delincuente no representa legítimamente a todo un pueblo por haber nacido en su territorio. Pero tampoco un mandatario extranjero adquiere ese derecho por presentarse como salvador.
La soberanía haitiana no pertenece a los 400 Mawozo. Tampoco pertenece a Nayib Bukele.
Pertenece al pueblo haitiano.
No hay soberanía verdadera cuando un pueblo tiene que elegir entre el miedo impuesto por sus propios criminales y la fuerza ejercida por ejércitos extranjeros.
La verdadera libertad comienza cuando una nación puede resolver sus conflictos, construir sus instituciones y decidir su destino sin que nadie pretenda sustituir la voluntad de su pueblo.
Haití no necesita nuevos dueños.
Haití necesita recuperar su derecho a decidir.
Porque Haití, antes que cualquier gobierno, cualquier pandilla y cualquier ejército extranjero, pertenece a los haitianos.
Rogelio Bolufé Izquierdo Ediciones Bolufé — Reflexiones
Fuentes de contexto para verificación editorial: Reuters, 27 y 29 de octubre de 2026; Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Comité de Sanciones sobre Haití; documentación de la misión internacional de seguridad en Haití; InSight Crime.